La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este lunes su profunda preocupación por el aumento de la violencia, la estigmatización y las restricciones contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia, lo que representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa.

La organización instó al Gobierno boliviano a fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico.

La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero. Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo.

Mensajes alentados por el expresidente Evo Morales quien, pese a una prohibición del Tribunal Constitucional intenta postularse por cuarta vez a la Presidencia, buscan el silenciamiento y la intimidación de la prensa independiente.

Morales y sus seguidores acusan a la prensa de intentar anularlo políticamente. Periodistas de medios independientes han sido agredidos en carreteras, manifestaciones callejeres y a través de sus redes sociales, y han amenazado a medios de comunicación con la toma, incendio y asalto de sus sedes.

El informe semestral de la SIP consignó que en Bolivia “las restricciones tienen cuatro escenarios: exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia” y agregó que “el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de ‘prensa vendida’ y ‘cárteles de la mentira’’’.

Se ha denunciado además hostigamiento judicial contra periodistas para que revelen su fuente de información. La semana pasada, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, acusó al canal privado Unitel de “un afán conspirador”, según afirma la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El presidente de la SIP José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, expresó que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia. Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”.