El dirigente de K’ara K’ara, Evert Quispe Fuentes, fue enviado con detención preventiva al penal de San Antonio por un periodo de cuatro meses, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra por los delitos de violación y violencia doméstica contra su expareja.

La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en horas de la mañana de este martes, tras su detención ocurrida el día anterior por la tarde.

La justicia determinó su reclusión debido a los riesgos procesales y a la prueba presentada, una valoración psicológica realizada a la presunta víctima, quien actualmente reside fuera del país.

“Es un proceso armado por defender a la gente pobre de K’ara K’ara, pero no importa, seguiremos defendiendo a la gente pobre. No hay certificado médico forense, no hay nada, es político”, expresó Quispe entre gritos al salir de la audiencia.

Su abogado, sostuvo que no se tuvo el tiempo suficiente para presentar documentos que sustenten la defensa de Quispe, y aseguró que el caso está plagado de irregularidades.

“La parte acusadora presentó una valoración psicológica realizada desde Estados Unidos, a través de un celular. No existe una valoración médica objetiva que certifique una agresión sexual”, afirmó.

El jurista también indicó que el dirigente enfrenta dos procesos por los mismos hechos, ambos impulsados por la misma denunciante. “Lamentablemente el Ministerio Público pidió la detención preventiva, y pese a que apelamos la resolución, fue trasladado al penal de inmediato. Esperamos una nueva audiencia en los próximos días para demostrar su inocencia”, agregó.

Por su parte, la directora de Género Generacional de la Alcaldía, Tatiana Herrera, defendió la resolución judicial y la validez de la prueba psicológica presentada.

“Estamos dando pasos importantes como país. Las víctimas necesitan ser escuchadas. Esta evaluación fue hecha con instrumentos científicos validados jurídicamente. El abogado puede desconocerlo, pero la psicología forense es una herramienta legítima”, enfatizó Herrera.

También indicó que, si bien no existe un examen médico forense, la evaluación psicológica fue suficiente para sustentar la denuncia de oficio que aceptó la Fiscalía.

“No podemos seguir negando la validez del testimonio de una víctima. Esta mujer está fuera del país, viviendo un infierno. Los hechos ocurrieron hace más de un año, y la justicia está actuando conforme a derecho”, concluyó la autoridad.

Este caso ha generado una fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en el social, ya que Quispe es un referente de las movilizaciones en la zona sur de Cochabamba. Mientras sus seguidores denuncian una persecución política, la parte acusadora insiste en que se trata de una causa de justicia por violencia de género.

El proceso continúa, y se espera que en los próximos días se fije la fecha para la audiencia de apelación.