El abogado de la Asociación de Víctimas Judiciales, Marcial Huanca, denunció que en Cochabamba existe un consorcio criminal de jueces, fiscales y peritos que actúa en función de una ONG con el propósito de lograr “sentencias a medida” para mostrar resultados con fines de obtener financiamientos millonarios.

La denuncia documentada fue presentada a una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de una decena de nombres de los funcionarios judiciales que actúan de manera conjunta en varios casos investigados y que tienen como resultado procesos “fraguados”.

“De la investigación que estamos haciendo y de los documentos que se han elaborado, tenemos que en realidad se trata de un consorcio, nosotros lo hemos calificado como un consorcio criminal porque entiéndase, vuelcan las investigaciones para sacar sentencias de manera adecuada a sus intereses, lo que significa que están metiendo personas inocentes a las cárceles simplemente para obtener un resultado”, señaló Huanca.

Según las investigaciones realizadas por Huanca, presentar resultados con sanciones condenatorias, sobre todo en casos de violación, es la base de la ONG para obtener un mayor presupuesto cada año.