Un equipo de la Fiscalía llegó este viernes a la vivienda del Richard Choque Flores, en la zona Ballivián de la ciudad de El Alto, para realizar un rastrillaje, recolectar evidencias y determinar si existen más víctimas enterradas. Una demolición había sido prevista para esta jornada, pero fue postergada debido a que la Fiscalía no concluyó el trabajo de investigación.

Los representantes del Ministerio Público “abandonaron” el lugar, con el argumento de que se deben seguir colectando pruebas del caso que se investiga, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien estuvo en el lugar acompañando el trabajo.

“Se ha hecho ese trabajo, sin embargo, el Ministerio Público ha indicado de que no puede participar en este acto, por lo cual ha abandonado el acto que íbamos a realizar; en ese sentido, no se puede realizar la demolición  porque todavía se tienen que seguir colectando pruebas, tenemos que entender que es una investigación", explicó.

Sin embargo, el jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas de La Paz, teniente Boris Gutiérrez, acusó a la fiscal Drubaska Jordán de “obstruir” el trabajo de su unidad policial, debido a que se tenía que concretar la demolición del inmueble. Al lugar llegaron volquetas y retroexcavadoras para el trabajo que no se realizó.

“Ha sido un capricho de la doctora (Drubaska) Jordán abandonar este lugar del hecho”, aseguró el jefe policial. La vivienda fue precintada para que los vecinos no puedan ingresar y obstruir en la investigación.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, también llegó la zona Ballivián y lamentó que la Fiscalía se haya retirado del lugar sin haber participado de la demolición de la casa. "No puede ser que el Ministerio Público siga encubriendo esta impunidad  que ha enlutado a muchas familias en El Alto, no es posible que nos hagan eso", cuestionó.

Advirtió que la Alcaldía, mediante la Unidad Jurídica, activará una denuncia contra Jordán por “negligencia”.

Richard Choque Flores guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, mientras que el juez de Ejecución Penal Primero, Rafael Alcón, quien permitió que salga en libertad en 2019, fue detenido y ahora enfrenta un proceso por prevaricato.