En medio de una de las crisis económicas más profundas que enfrenta Bolivia en las últimas décadas, la opinión pública ha reaccionado con escepticismo y creciente indignación ante la reciente difusión de encuestas políticas por parte de medios como RED UNO, cuyos resultados y metodología han sido severamente cuestionados por diversos sectores ciudadanos, académicos y políticos.

La falta de transparencia sobre quién financió el estudio, cómo se seleccionó la muestra, y en qué regiones del país se realizó la encuesta, ha encendido las alarmas.

Muchos ciudadanos, golpeados por el desempleo, la inflación, la escasez de combustible y alimentos, se preguntan cómo es posible que se destinen recursos a estudios de opinión política mientras las familias bolivianas enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.

¿QUIÉN PAGA LAS ENCUESTAS EN BOLIVIA?

El cuestionamiento central gira en torno al origen de los fondos. En un país donde el Estado ha reconocido serios problemas de liquidez, donde escasean dólares en el mercado, y donde miles de familias sobreviven en la informalidad, la difusión de encuestas costosas y sin respaldo metodológico verificable es vista como un acto de irresponsabilidad o, peor aún, de manipulación.

“No sabemos quién paga estas encuestas, no sabemos qué empresa las hace, no sabemos quiénes participaron ni qué preguntas se formularon”, denuncia Jorge Aguilar, analista independiente.

“Lo que sí sabemos es que muchos políticos las usan como propaganda para legitimar candidaturas y aparecer artificialmente como favoritos”.

ENCUESTAS SIN ROSTRO, RESULTADOS SIN CREDIBILIDAD

El último estudio difundido por RED UNO ha sido calificado por diversos actores como una “encuesta fantasma”.

Ni la empresa responsable, ni la ficha técnica, ni los criterios estadísticos han sido publicados.

Esta opacidad contradice los estándares internacionales y bolivianos establecidos para estudios de opinión pública, y pone en duda no solo la validez del resultado, sino el rol de los medios de comunicación que los difunden sin el debido control ético.

En las redes sociales, el rechazo fue inmediato: “No hay dinero para hospitales ni para comprar pan, pero sí para encuestas que favorecen a los mismos de siempre”, escribió un usuario. Otro comentó: “Las encuestas en Bolivia son una herramienta de manipulación, no de medición”.

MANIPULACIÓN POLÍTICA EN TIEMPOS DE CRISIS

Distintos observadores afirman que las encuestas se han convertido en un instrumento de maniobra política, financiadas por grupos de poder con la intención de crear “efecto arrastre” en el electorado.

Aparecer en los primeros lugares genera percepción de victoria y condiciona el voto de indecisos, sobre todo en contextos de desesperanza como el que atraviesa hoy el país.

“En lugar de ofrecer soluciones reales a la crisis, los políticos se pelean por encuestas manipuladas. Eso solo demuestra que no están conectados con el pueblo”, lamenta Carla M., comerciante de El Alto.

UN LLAMADO A LA TRANSPARENCIA Y AL RESPETO A LA CIUDADANÍA

Frente a este panorama, diversos sectores exigen que se regulen con mayor severidad la difusión de encuestas, exigiendo que todo estudio que se haga público deba incluir su ficha técnica completa, su financiamiento y su validación por parte de entidades académicas o independientes.

Bolivia no puede permitirse más simulaciones. En tiempos donde millones de bolivianos sufren la incertidumbre económica, lo mínimo que merece la ciudadanía es información transparente, verificable y honesta, no encuestas prefabricadas que solo sirven para blindar intereses políticos y engañar al electorado.