En un informe de seguimiento a la solicitud de intervención que presentó el 18 de enero a la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo de Bolivia hace notar que el trabajo que desarrolla la Fiscalía Departamental de Potosí, en el caso de la compra fallida de 41 ambulancias para la Gobernación de este Departamento, incurre en ciertas omisiones como, por ejemplo, la falta de presentación de elementos que son básicos en la investigación de supuestos ilícitos penales.

“El 05 de abril de 2022 a horas 09:00, se suspendió la audiencia programada para la apertura, examen de documentos y equipos de computación en cumplimiento del mandamiento de allanamiento del 21 de febrero de 2022, por falta de comparecencia de las partes; a su vez el juez conminó en audiencia a la Fiscalía presente el croquis del domicilio de los denunciados, haciendo énfasis que el 7 de febrero de 2022, solicitó que la fiscalía haga llegar el croquis del domicilio de los denunciados, que a la fecha no se cumplió”, dice un párrafo del documento interno que lleva fecha del 11 de abril y al que tuvo acceso este diario.

El croquis es un dibujo que se hace para localizar gráficamente un domicilio. Lo presentan todos quienes prestan declaraciones en una investigación o en un proceso judicial. Resulta curioso que, hasta el momento en el que se labró el referido informe, la Fiscalía no haya presentado el que identificaba el domicilio del gobernador, Jhonny Mamani, tomando en cuenta que se trata de la primera autoridad del Departamento y es de público conocimiento que su despacho está en el edificio que la gobernación detenta en la Plaza 10 de Noviembre.

Pero resulta más curioso aún revisar el cuaderno de investigaciones y encontrar que existe un croquis del domicilio del gobernador: el que él mismo presentó cuando prestó sus declaraciones informativas, en la Fiscalía. Fue a las 15:00 del lunes 21 de febrero de 2022 y él dejó un croquis en el que identifica como su dirección de trabajo al edificio de la gobernación, en plaza 10 de Noviembre. En estas declaraciones participó la fiscala Gabriela Quintana López, una de las que lleva adelante el proceso contra Marco Pumari que determinó su detención preventiva.

Según el documento de la Defensoría, Quintana participa, representando al Ministerio Público, en los dos procesos penales que se habría abierto como consecuencia de la compra fallida de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí.