En Potosí, hay una protesta generalizada de organizaciones sociales y otras instituciones por la protección politica al Gobernador Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, por la compra irregular de 41 ambulancias fantasmas. La administración de la Gobernación, genero cuatro cheques en favor de una empresa que ni siquiera tiene NIT, sin embargo, la supuesta empresa no llegó a cobrar los cheques por las ambulancias fantasmas.

En medio de la prisa por liquidar el proceso de compra, un total de cuatro cheques fueron emitidos el 31 de diciembre de 2021 por la Gobernación de Potosí para el pago de las 41 ambulancias que iba a comprar de la empresa Stefals Logistics.

El jefe administrativo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Ramiro Choque, dijo que esos cheques nunca fueron retirados de esa institución, así que no pudieron cobrarse.

La fotocopia de estos cheques está en el informe que elaboró la comisión especial de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí sobre las irregularidades que se cometieron en la adquisición de las ambulancias que debían favorecer a los 41 municipios de esa región.

El primer cheque fue de Bs 7.167.155,50 y el segundo, por Bs 13.025.344,50. El tercero fue por Bs 109.144,50 y el último sumó el restante Bs 198.355,50 para completar el desembolso. Todos se giraron a nombre de Luis Humberto Huanca, propietario de Estefals Logistics.

El viernes 14 de enero, la “Gobernación de Potosí adquirió 41 ambulancias a la oferta más cara de una empresa formada tres meses antes y con NIT prestado” desatando la crisis institucional más grave en el gobierno departamental de Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez.

La existencia de los cheques confirma las denuncias que hizo la oposición en el sentido de que el proceso de compra de las 41 ambulancias se había completado incluso con la emisión del cheque.

La diputada Mónica Torres advirtió que había un registro de ejecución de gastos, que se subió al Sistema de Gestión Pública (Sigep) y eso solo pudo hacerse habiendo pagado por la compra. Cuando se le preguntó si se había emitido cheque, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, dijo varias veces que no.

La comisión, integrada por ocho asambleístas, seis de ellos del MAS, descubrió que no solo hubo uno sino cuatro cheques que; sin embargo, habían sido anulados. No pudieron determinar la fecha de anulación de los documentos, pero el dato más importante lo dio Choque: los documentos, en original, siguen en su oficina. Eso significa que los 20.500.000 Bolivianos no fueron cobrados.

La Gobernación de Potosí pagó por las 41 ambulancias que nunca llegaron. La operación se ejecutó el 31 de diciembre al filo del cierre de la gestión fiscal 2021, a través de cuatro cheques a favor de la empresa Estefals Logistics. Ese día, el Ministerio de Economía bloqueó el desembolso.

A eso se suma que el gerente general de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), Luis Encinas, llegó el viernes a La Paz para presentar una denuncia a la Procuraduría. Aseguró que el caso de las 41 ambulancias fue una señal de alerta para hacerle notar al Gobierno que en entidades públicas operan “malos funcionarios”, una red que desde 2011 han encontrado un negociado en la nacionalización de vehículos.

Según Encinas en ese círculo operan funcionarios del Viceministerio de Transportes que autorizan una licencia previa para las operaciones.

También de la Aduana, que controla las zonas francas, y en el caso de las 41 ambulancias, éstas debían ingresar por una zona franca industrial y no comercial (La zona franca industrial fue creada para hacer las transformaciones de volante entre otros aspectos). Asegura que los “grises”, como la empresa proveedora Stefals, usan esto para evadir impuestos.

“Este caso puede estar vinculado con un lavado de dinero porque todo comienza en Iquique donde se crean empresas para ‘subfacturar’. Estas aparecen y desaparecen cuando viene la fiscalización del gobierno chileno. Estas empresas emiten un papel para decir que el auto cuesta menos de lo que realmente vale”, dijo Encinas.

El monto del pago, “prorrateado en cuatro partidas”, sumó los Bs 20,5 millones establecidos en el contrato 215/2021, que el 26 de noviembre de 2021 firmó el gobernador Jhonny Mamani con esta empresa. Cuando Estefals Logistics cerró el trato tenía tres meses de funcionamiento.

Las fracciones del MAS que apoyan al gobernador hacen esfuerzos desesperados por minimizar su responsabilidad en el caso de las 41 ambulancias.

"No hay daño económico", dijo el presidente de la ALD, Marcial Ayali, en la sesión en la que se aprobó el informe e incluso intentó, sin éxito, que esa afirmación sea introducida en el documento. Por la tarde, la afirmación apareció en la cuenta oficial de Facebook de la asamblea con este texto:

"El presidente de la Comisión Especial de fiscalización #GroverYelma, con documentos en mano, explica que no existió daño económico alguno; sin embargo aclara también que se debe investigar el grado de responsabilidad de quienes se ven involucrados en este hecho".

Aunque los cheques no fueron retirados, y ahora están anulados, la oposición considera que sí existen un daño a la gobernación porque, a decir del asambleísta Jaime Flores, “por este proceso irregular son más de cuatro meses que no se puede contar con esas ambulancias para la atención de la pandemia”.

Por su parte, la asambleísta Azucena Fuertes recuerda que, aunque este proceso hay sido delegado en parte al Sedes, quien firma el contrato es el gobernador, como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), así que la responsabilidad por todas las irregularidades recae en él. “El responsable, y lo dice la norma, es exclusivamente la MAE. Esta responsabilidad, esta competencia, no se delega. En ese marco, las irregularidades han sido documentadas a través de documentos que son declaraciones jurada existentes en el Sicoes y en el Sigep. Hablamos de un acta de recepción firmada, un formulario 500, un contrato firmado por el gobernador, un procedimiento administrativo de autorización de pago y una emisión de cheques. Consideramos que estas son pruebas suficientes que el Ministerio Público debe investigar”, dijo.

Por su parte, la diputada Lissa Claros, que es una de las denunciantes contra el gobernador, dijo que ampliará su denuncia. “La única salida en este conflicto de corrupción es la renuncia del gobernador, como MAE, de la institución. Por parte de nuestra instancia, ampliaremos la denuncia a los asambleístas, por encubrir estos actos de corrupción. Ante la existencia de un cheque, se comprueba que el delito se ha consumado”, declaró.