
Chile tiene el más bajo índice de corrupción en Latinoamérica, 6%, situación que repite en varios estudios, mientras Estados Unidos tiene un 5% y Canadá 3%. En el otro extremo, con 40% figuran Haití, Bolivia y Ecuador, seguidos de cerca por México, Perú y Honduras, que promedian el 30%.
Haití, Bolivia y Ecuador figuran con los mayores índices de corrupción, mientras la ciudadanía confía cada vez menos en los políticos y los legisladores.
Los datos se desprenden del Barómetro de las Américas, un estudio realizado por la Universidad de Vanderbilt, que además de efectuar encuestas para medir la corrupción, consultó el grado de confianza de la gente en los parlamentarios, la policía y otras instituciones.
Los preocupantes datos hacen temer que en algunos países esta lacra podría desencadenar una descomposición social y política que comprometa la estabilidad.
Este estudio tiene algunas características que permiten una mayor aproximación a la realidad objetiva, ya que no mide la percepción de la gente, que puede ser influenciada por diferentes factores políticos, simpatías o animadversiones, situaciones coyunturales, o simplemente opiniones sobre este tema; sino que es producto de respuestas puntuales sobre experiencias personales, esto es, que se preguntó a los encuestados si han recibido pedidos de soborno, coima, "mordida", en el último año.
Uno de los datos globales que se recoge se refiere a que el 20% de los consultados en las Américas, admitió que un policía o algún otro funcionario público le ha pedido un soborno en los últimos doce meses. Este promedio tiene extremos que muestran elocuentemente las diferencias y causas.
En Brasil, por ejemplo, ha disminuido notablemente la corrupción, a la mitad, de 25 al 12%, después de las destituciones y procesos judiciales contra altos funcionarios, lo que quiere decir que las medidas de lucha contra actos ilícitos han sido efectivas.
La encuesta del Barómetro de las Américas, es muy amplia y ha consultado, además, muchos otros aspectos, ya que las preguntas permiten indagar opiniones directas sobre diversos ámbitos de la vida pública, como por ejemplo ¿Hasta qué punto los ciudadanos en las Américas confían en los cuerpos legislativos nacionales? ¿Qué factores explican los mayores o menores niveles de confianza?
Este informe de la serie Perspectivas-2 presenta los niveles de confianza en los cuerpos legislativos y evalúa los determinantes a nivel individual de la variación en dichos niveles. Es así que a 43,990 entrevistados de 26 países en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá se les hizo la siguiente pregunta: "¿Hasta qué punto tiene confianza en el congreso nacional?" Se pidió a los entrevistados que eligieran una respuesta entre 1 y 7 donde "1" representa "Nada" y "7" "Mucho."
La respuesta media en todos los países fue 45.18, lo que indica que la mayoría de los encuestados tienen niveles bajos de confianza en el cuerpo legislativo de su respectivo país. Uruguay tiene el nivel de confianza más alto con un promedio de 66.3, seguido por México y Belice. Estados Unidos tienen el nivel más bajo con un promedio de confianza en el Congreso de sólo 31.0, después de Haití y Perú.
El amplio margen de 35.3 puntos entre los países con los niveles más altos y los más bajos de confianza sugiere que los factores a nivel nacional podrían ser importantes en un estudio más amplio sobre la confianza en los parlamentos nacionales en las Américas, pero este informe se centra en el nivel individual, según las explicaciones y fundamentos expuestos por los responsables de la encuesta.
En lo que toca a nuestro país, no es la primera vez que aparece en la ingrata colocación de los países más corruptos, pero lo que más preocupa es que todos los esfuerzos que se hacen por combatir el delito, y las duras normas legales que supuestamente deberían frenar los ilícitos, han fracasado estrepitosamente, por lo que es necesario apuntar a los factores que tuercen la legalidad, que según estos mismos estudios, tienen que ver con la impunidad, y otros agentes coyunturales visibles en la deficiente y permisible administración estatal.