Autoridades municipales de Cochabamba, estarían involucrados en tráfico de tierras

Varios audios enviados a medios de comunicación revelan que supuestamente autoridades del Gobierno Municipal de Cochabamba, estarían involucrados en tráfico de tierras en la zona ZOFRACO al sud de la ciudad.

 

El alcalde José María Leyes, la concejala Karen Suarez y el concejal Carlos Coca, dirigentes sindicales, jueces, abogados y otros estarían implicados en graves actos de corrupción y comercio de tierras según los audios que fueron publicados por las redes sociales.

Los mencionados personajes de la Comuna de Cochabamba, son citados como beneficiarios de lotes, se habla que el concejal Carlos Coca habría pedido dos lotes, el alcalde Leyes seguirá mandando en los destinos de la alcaldía y Karen Suarez es citado, donde se expresa: “es hora sentarnos y negociar con la Karen y decirle que se le va a dar un lote”.

Más de 150 audios filtrados a varios medios de comunicación, de una presunta red de tráfico de influencias para otorgar la propiedad de 315 hectáreas de tierras de Albarrancho a pobladores del trópico de Cochabamba y al grupo Olmedo, a pesar de que en el 2013 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró 215 hectáreas como tierras fiscales, según la Resolución No. 10188.

Los audios filtrados y que esencialmente contienen conversaciones entre quienes impulsan los procesos para recuperar las 315 hectáreas de Albarrancho, 215 declaradas fiscales en 2013 por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aluden al alcalde electo José María Leyes y a varios concejales, presuntamente contactados para que ayuden a realizar el cambio de uso de suelo de agrario a urbano.

En parte de las grabaciones se escucha a dirigentes decir a la representante de la empresa Olmedo, C. M.: “Este Leyes está mamando. Que mañana, que pasado, que sigue teniendo el control. Pero toda su gente ya se le está volcando”.

“Creo que es momento de sentarnos y negociar con la Karen. Y decir que se le va a dar un lote en Zofraco (…) Como el Coca ha pedido dos lotecitos en Zofraco y dijo voy a hacer lo que quieran (…) Hay que negociar con los otros concejales”.

Por el contenido se presume que los audios corresponden a la época en que Leyes recién comenzaba a ser procesado por el caso Mochilas, debido a que Suárez ya se encontraba como alcaldesa suplente y el alcalde se mantenía con detención domiciliaria, entre abril y mayo de 2018.

En los audios se puede escuchar que los dirigentes piden a C. M. que se consolide el cambio de uso de suelo y la urbanización.

El proyecto no prosperó, pues el mismo día en que ingresó, otra secretaría del municipio envió el proyecto de ley para declarar el lugar área protegida. Se encontró que ambas propuestas se contradecían. Por lo tanto, las dos fueron devueltas al Ejecutivo.

Al respecto, fuentes cercanas a la Alcaldía expresaron que Karen Suárez no estaba de acuerdo con el cambio de suelo porque existen litigios en el lugar.

Los ambientalistas advirtieron que en la zona de la laguna Quenamari, además, se está generando un tráfico de tierras en complicidad con autoridades municipales. Por este motivo, se declararon en alerta con el fin de evitar que este tipo de intentos de urbanización.

Las grabaciones reproducen conversaciones de representantes legales del grupo Olmedo con abogados y dirigentes del trópico, los cuales mencionan de forma recurrentemente a funcionarios del INRA, policías, juzgados y fiscales. Además, sugieren que se entregó dinero por una sentencia en Sucre y que el pago se completará cuando salga la sentencia.

En los audios se alude a dirigentes de Albarrancho, La Maica y Colcapirhua. En varios se comenta que también tomaron contacto con el alcalde suspendido José María Leyes, detenido por el caso Mochilas, para que agilice los trámites de cambio de uso de suelo, cesiones y la aprobación de la urbanización.

Según los antecedentes, el lugar está catalogado como agrario y agrario urbano y una condición para el cambio de uso de suelo es la cesión del 30 por ciento de la extensión. Además, los lotes tienen que ser de 1.000 metros. Después de los procesos contra Leyes, los interesados tomaron contactos con las nuevas autoridades, pero no formalizaron su propuesta.

Los temas que predominan en los audios son las estrategias para construir en el terreno, lograr fallos favorables al sector y limitar el ingreso de avasalladores, entre ellos familias de Albarrancho que también reivindican su derecho propietario.

El ingreso a la zona es bastante complicado. Existen al menos dos grupos que señalan al otro como avasallador. Por eso, desde 2010, se registran enfrentamientos.

Después que el INRA declaró 215 hectáreas como tierras fiscales, el grupo Olmedo apeló declarándose poseedor junto con la Federación Sindical de Colonizadores Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores de Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico.

A través de una Acción Popular que fue admitida por un juzgado del trópico se logró una sentencia constitucional que advierte a los avasalladores que se abstengan de obstaculizar la posesión de 315 hectáreas del predio Olmedo, refrendados en los títulos FS. 135 y FS. 141.

En los audios, una de las voces que más se escucha es de una mujer que trabaja para la empresa Olmedo, C. M, quien recibe numerosas alertas de otros sectores que  buscan enfrentamientos.

En Albarrancho, una pelea por terrenos dejó al menos tres heridos y 17 aprehendidos, informó el subcomandante departamental de la Policía, Juan Carlos Espinoza.

El comandante de la Policía, Raúl Grandy, explicó que en enfrentamiento se suscitó entre presuntos avasalladores y los dueños de las tierras, en la zona de Zofraco. “Dos grupos de ciudadanos protagonizaron la pelea desde las 07:00 horas”.

Manifestó que los efectivos policiales se desplazaron inmediatamente a la zona para evitar mayores daños. Indicó que durante la intervención encontraron palos, machetes y dinamitas.

Según vecinos incluso se escucharon disparos de armas de fuego. La Policía investiga la denuncia. Los detenidos fueron conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de la estación policial integral de la zona sur.

Sobre los heridos, informó que están en revisión médica y en las próximas horas conocerá su situación. Se conoce que al menos uno de los heridos sufrió daños graves. Gonzalo P.L. de 35 años perdió el ojo y la mano derecho tras la explosión de una dinamita, informó su padre. “Era un lote que tenía papeles. Estaba haciendo su casa. Iba ahí a trabajar ahí, todos los días. Los loteadores están acostumbrados a hacer daño, que reparen lo que le han hecho”.

 

También reportaron varias casas que fueron quemadas y otras desplomadas. Carlos Olmedo se identificó como el propietario de los terrenos, mostró fotografías de sus trabajadores heridos. “Los terrenos de Albarrancho son de propiedad de la familia Olmedo. Eso puedo demostrar con documentos, después de casi siete años conseguimos una sentencia de una acción popular”. La familia presentó la denuncia e indicó que asumirá las acciones legales necesarias.

Valora este artículo
(6 votos)
Visto 515 veces
13441199