Juez retrocede y declara improcedente acción contra repostulación de Evo

El juez Alberto Zeballos, a pesar de haber admitido la acción de cumplimiento presentada por siete activistas de plataformas y colectivos ciudadanos contra la repostulación de Evo Morales y Álvaro García, optó ayer por revocar la decisión y declarar improcedente la demanda, luego de los pronunciamientos de políticos.

La decisión judicial viene después de declaraciones de autoridades que rechazaron la Acción de Cumplimiento bajo el argumento de la sentencia 084/2017 ya era cosa juzgada. El diputado Sergio Choque incluso anunció un proceso disciplinario contra el juez por haber admitido la demanda.

La acción de cumplimiento se planteó contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, para que cumplan el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, el cual dispone que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”, pero además “es inalienable e imprescriptible”.

Según la demanda, la voluntad del pueblo se expresó en los referendos en que se aprobó la Constitución y se ratificó el artículo 168, por lo cual el Tribunal Constitucional no puede pasar por encima de esa decisión.

En su resolución, el juez argumenta que está realizando un “saneamiento” del procedimiento de oficio debido a que se omitió algunas observaciones contrarias al Código Procesal Constitucional.

Zeballos declaró improcedente la acción de cumplimiento en base a dos argumentos principales: El primero, la Sentencia del Tribunal 084/2017, que permite la reelección indefinida, ya tiene calidad de cosa juzgada y no cabe revisión.

El segundo, los accionantes deberían primero reclamar a los demandados, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.

En el texto se sostiene que los accionantes no probaron de forma documentada que se haya reclamado previamente a las autoridades demandadas.

En ese entendido, a pesar de haber admitido en un inicio la acción, ahora la declaró rechazada “in límine”, es decir desde el comienzo del proceso.

Antes de conocer esta determinación, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aclaró que “el Gobierno no tomaría ninguna acción contra el juez de Santa Cruz” y aseguró que la declaración del diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sergio Choque, a un medio de comunicación “no representaba la posición del partido ni del Gobierno”.

Sin embargo, la decisión judicial vino después que el mencionado diputado rechazara la acción de cumplimiento e incluso anunció un proceso disciplinario contra el juez por haber admitido la demanda”.

Según la demanda, la voluntad del pueblo se expresó en los referéndums en que se aprobó la Constitución y se ratificó el artículo 168, por lo cual el Tribunal Constitucional no puede pasar por encima de esa decisión.

Se “declara la improcedencia de la acción de cumplimiento interpuesto por los señores María del Carmen Morales de Prado, Héctor Julio Sapag Zeballos, Lourdes Ignacia Valdiviezo Vaca, Rolando Descarpontriez Arteaga, Cecilia López Ortiz y Eduardo Gutiérrez Monasterio, por ser de improcedencia manifiesta”, cita la resolución de Zeballos.

En su resolución, el juez argumenta que está realizando un “saneamiento” del procedimiento de oficio debido a que se omitió algunas observaciones contrarias al Código Procesal Constitucional.

Zeballos declaró improcedente la acción de cumplimiento en base a dos argumentos principales:

El primero es que la Sentencia del Tribunal 084/2017, que permite la reelección indefinida, ya tiene calidad de cosa juzgada y no cabe revisión.

El segundo es que los accionantes deberían primero reclamar a los demandados, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García.

En el texto se sostiene que los accionantes no probaron de forma documentada que se haya reclamado previamente a las autoridades demandadas.

 

En ese entendido, a pesar de haber admitido en un inicio la acción, ahora la declaró rechazada “in límine”, es decir desde el comienzo del proceso.

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