Denunciarán al TCP ante la CIDH por desconocer el 21F

Una comisión de senadores de la opositora Unidad Demócrata viaja este miércoles a Washington a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado y el Tribunal Constitucional por el desconocer los resultados del referendo del 21 de febrero 2016.

 

El oficialismo y la oposición acuden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para defender y denunciar el recurso constitucional que busca la repostulación de Evo Morales. Hoy, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y el ministro Héctor Arce intervendrán ante el pleno del Consejo Permanente. Mañana, opositores presentarán una petición a la CIDH.

De acuerdo con la agenda programada, los miembros del Gobierno, representados por la presidenta de la diputada Montaño y el ministro Arce, serán recibidos, por el Consejo hoy desde las 11:00. Los representantes del oficialismo expresaron que en el encuentro denunciarán sobre una supuesta injerencia del secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el tema de repostulación, por señalar que es importante que se respete la voluntad del pueblo que se expresó sobre el tema en el referendo del 21 de febrero de 2016.

El senador Oscar Ortiz anunció que viajarán junto a su colega senador Arturo Murillo y el abogado constitucionalista Carlos Alarcón para oficializar el jueves la denuncia en representación de millones de bolivianos que votaron en contra la modificación del artículo 168 de la Constitución  para rehabilitar la cuarta candidatura de Evo Morales.

Dijo que esta acción es el seguimiento a la demanda de rechazo que fue presentada en días pasados ante el mismo Tribunal, en representación de los cinco líderes políticos y frente a la admisión del recurso abstracto de inconstitucionalidad planteado por el MAS que se produjo el pasado viernes.

Alarcón explicó que al admitir la demanda, el Tribunal está desconociendo la voluntad popular y se abre la compuerta para la destrucción de la democracia, el Estado de Derecho, la soberanía popular y el voto ciudadano en Bolivia.

"Esto es un atentado, es un golpe contra la democracia y en defensa de los millones de los electores que han sido violados en sus derechos políticos fundamentales, estamos acudiendo mediante denuncia, petición o queja a la CIDH, para que restablezca los derechos violados y para impedir la consumación de esta flagrante violación a la democracia, la soberanía y Estado de Derecho", manifestó.

El abogado señaló que lo importante es que la demanda admitida del MAS tiene como fundamento el Pacto de San José de Costa Rica y la autoridad natural para interpretar es la propia Comisión de Derechos Humanos.

Manifestó que llevan precedentes contundentes y categóricos de la propia CIDH que demuestran que los derechos violados no son del presidente Evo Morales, sino de los millones de bolivianos que depositaron de buena fe su voto y que está siendo pasado por alto por un fallo por cuatro magistrados.

Precisó que la base jurídica de su demanda es la  violación del artículo 23 del Pacto de San José que establece como derechos políticos de las personas el de participar directamente en asuntos públicos de un país y el de votar, y si no respetan los resultados del 21F, estos dos derechos no tiene ningún sentido y serán anulados por la decisión de siete magistrados que se colocarían por encima del voto ciudadano.

Precisó que el efecto jurídico es importante porque la CIDH va a definir quién está violando el Pacto de San José , si es el presidente Evo Morales o quienes se oponen a violar la Constitución, por tanto, lo que la CIDH decida estará por encima y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional no tendría ningún valor.

 

Aclaró que no piden ninguna medida cautelar porque esa figura se utiliza en caso de desaparición forzada de personas, pero advirtió que en caso de obtener un fallo favorable y si la decisión de la CIDH no es respetada por el gobierno de Bolivia, pasa a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emite sentencias con efectos vinculantes para los Estados que violan derechos humanos.

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