Director del INRA de Cochabamba y dirigente de cocaleros serian “cabecillas” del tráfico de tierras

El director departamental del INRA, el dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Julián Cruz Veizaga aparentemente son los “cabecillas” de una banda organizada para traficar tierras en Albarrancho zona Zofraco, según divulgan nuevos audios enviados a los medios de comunicación y que están circulando en las redes sociales.

 

En el audio, existe un texto donde indica lo siguiente: “Manipulación, uso de poder, tráfico de influencias para favorecer delitos de loteamiento a favor de la empresa Olmedo, Julio Cruz Veizaga, ejecutivo de las seis federaciones del trópico, funcionario Agapo Valda, junto con el director del INRA, aliados en una estrategia de loteamiento, siendo una asociación delictiva Art. 132 Código Penal sobornos y pagos a funcionarios”.

Este es un caso escandaloso por los audios que revelan muchas conversaciones sobre negocios en la venta de terrenos y sobornos a varias autoridades del Poder Judicial y entrega de dineros a dirigentes sindicales y en especial al director del INRA de Cochabamba.

En uno de los audios, hay una conversación de una dama con el dirigente de los cocaleros, Julio Cruz Veizaga a quien le dice que “ha conseguido 10 mil bolivianos, como una primera parte de los compromisos que se tienen para iniciar la venta de lotes en Albarrancho. Asimismo el dirigente sindical, señala que ese dinero los 10 mil bolivianos, lo entreguen a su hermano, porque él se encuentra en Ivirgazama”.

En otra conversación de la dama con José Chirinos Valda que funge como funcionario del ministerio de Gobierno le señala “el Director del INRA nos está apoyando en todo y nos pide que apresuremos la construcción de 10 viviendas. A este señor debemos darle todo el apoyo para seguir con el negocio, él va a retrasar todo el bollo que se tiene desde La Paz”.

La difusión de 150 audios que circulan en las redes sociales involucran a  autoridades de la Alcaldía de Cochabamba, del Concejo Municipal, dirigentes sindicales, grupos de poder político y judicial y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en presuntos actos de corrupción para otorgar la propiedad de 315 hectáreas de tierras a pobladores del trópico y al grupo Olmedo.

En las grabaciones se menciona el nombre y apellido de la presidenta del órgano deliberante, Karen Suárez, del concejal  Carlos Coca y del alcalde electo José María Leyes.

Ninguno de los concejales involucrados en el nuevo escándalo sobre las acusaciones no brindaron ninguna declaración y sus equipos de comunicación estuvieron apagados.

Según publicaciones en las redes sociales, también policías y jueces estarían involucrados en el negocio de tierras.

En un whatsapp enviado a medios de comunicación se muestra al dirigente cocalero Julián Cruz Veizaga y un funcionario del ministerio de Gobierno de nombre José Chirinos Valda, como los principales personajes cabecillas del negocio y tráfico de tierras.

Los negociantes de tierra de la zona de Albarranco, habrían exigido a la Empresa Técnica Constructora y de Servicios Olmedo, 100 lotes para cumplir con compromisos realizados con terceras personas.

Los mismos lamentaron que se intentara desconocer los compromisos con terceras personas. Hay dos tipos de acuerdos: uno con dirigentes, funcionarios y comunarios, y otro con personas que ayudaron en el proceso.

La dirigente del Sindicato Agrario Montecato, Julia Orellana, adelantó que la próxima semana presentarán material  que muestra indicios que el grupo Olmedo   financia y dirige  una “red de loteadores”.

La filtración de más de 150 audios que revelan la presunta existencia de una red de tráfico de tierras en la zona de Albarrancho motivó a  concejales Demócratas y del Movimiento Al Socialismo (MAS)  a solicitar al Ministerio Público agilizar la investigación del caso.

Los productores de coca del trópico se sumaron al pedido, debido a que las denuncias de venta ilegal de lotes involucran a sus dirigentes.

“Algún dirigente debe estar actuando a título personal. Pediremos a los implicados que no utilicen el nombre de los sindicatos y de la federación para sus intereses”, remarcó el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez.

 

El 2013, el INRA declaró 215 hectáreas de los predios como fiscales con la Resolución No. 10188. 

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