En un encendido discurso, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, ha lanzado una advertencia a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que podría resonar en los pasillos del poder boliviano.
Romero, una figura clave en el gobierno del expresidente Evo Morales, señaló que cualquier intento de inhabilitar a Morales para futuras elecciones o manipular las elecciones judiciales podría desencadenar un «terremoto político» y una «movilización descomunal» entre los sectores populares del país.
Carlos Romero, quien mantiene su apoyo a Evo Morales, afirmó que no existe ninguna norma nacional, internacional ni jurisprudencia que respalde la inhabilitación de Morales como candidato presidencial en 2025.
Sin embargo, expresó su preocupación de que, en medio de disputas legales y políticas, se busque alguna figura que perjudique al expresidente.
El exministro argumentó que tanto políticos como magistrados están intentando enredar las elecciones judiciales de manera poco clara. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a solicitud de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, elevó al TCP dos preguntas cruciales sobre la convocatoria a las elecciones judiciales.
La primera cuestión se centra en determinar si es constitucional prohibir que los actuales magistrados se postulen para otros órganos jurisdiccionales, permitiendo así la rotación de cargos entre el TCP y el TSJ. La segunda pregunta plantea si es constitucional establecer la vacación judicial como obligatoria, tal como lo propuso el legislador proyectista.
Romero subrayó que en el primer caso existe un conflicto de intereses, ya que los magistrados del TCP podrían declarar inconstitucional esta prohibición y buscar su propia repostulación. En el segundo caso, si el TCP dictaminara que la vacación judicial obligatoria es inconstitucional, esto podría permitir que algunos políticos en la Asamblea Legislativa prorroguen sus mandatos.
El exministro recordó que la Constitución establece un mandato de 6 años para los magistrados, por lo que al finalizar ese período, se convierten en autoridades de facto. Advirtió que estos intereses podrían entrelazarse con la pendiente Acción Popular presentada por el diputado opositor Marcelo Pedrazas en marzo de 2022, que busca anular la SCP 0084/2017, que habilitó a Evo Morales para su cuarta postulación presidencial.
Desde una perspectiva política, Romero consideró que intentar combinar el anteproyecto de ley de elecciones judiciales con la habilitación o inhabilitación de Evo Morales a través de un recurso del diputado Pedrazas sería un movimiento arriesgado y potencialmente explosivo. En sus palabras, sería «demasiado forzado, demasiado bochornoso, demasiado grotesco» y podría desencadenar un verdadero terremoto político en Bolivia.
Romero concluyó que cualquier magistrado del TCP que se aventurara a prorrogar su mandato podría enfrentar graves consecuencias políticas y sería juzgado por la historia y el pueblo. Afirmó que, desde un punto de vista de la lógica política, sería «demasiado suicida» intentar forzar un escenario de esa naturaleza.
