Jueza procesada seguirá con el caso mochilas

“Mientras no exista una solicitud de recusación y resolución de que la autoridad (Sara Susana Céspedes, jueza Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer) se aleje de conocer la causa (mochilas), la misma (Céspedes) tiene que continuar con el desarrollo del proceso”, manifestó la representante distrital del Consejo de la Magistratura del Tribunal de Justicia de Cochabamba, Mabel Montaño.

Aclaró que, dentro el proceso de investigación por los casos mochilas I y II, serán los sujetos procesales quienes por presunto delito de prevaricato y otros que pudiesen surgir durante la investigación, prueben a la autoridad judicial competente la causal para que la sindicada sea alejada y el proceso sea remitido a otra autoridad.

De acuerdo al artículo número 316 (Causales de excusa y recusación) del Código de Procedimiento Penal, se deberá fundamentar el pedido de alejamiento. La ley plantea 11 causales:“Haber intervenido en el mismo proceso como juez, fiscal, abogado, mandatario, denunciante, querellante, perito o testigo. Haber manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, que conste documentalmente. Ser cónyuge o conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda de afinidad o por adopción, de algún interesado o de las partes.

Tener amistad íntima, que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o de las partes. En ningún caso procederá la separación por ataques u ofensas inferidas al juez después que haya comenzado a conocer el proceso”, son algunos principales motivos.

Posterior a la presentación de excusa, el juez o tribunal definirá si acepta o rechaza para dar curso a la tramitación y resolución, como indican los artículos 317, 318, 319, 320 y 321.

Céspedes solicitó tres días de licencia sin goce de haberes, tras que el jueves en su audiencia cautelar, la jueza de Instrucción Penal 1, Sandra Parra, le diera la defensa en libertad con medidas de arraigo. El proceso es a denuncia de cuatro fiscales por presunto prevaricato, después de que, el 8 de junio, la autoridad judicial dictara de oficio la unión de los casos mochilas I y II.

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