El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, confirmó hoy la aceptación de tres acusaciones penales por el paro con violencia en Santa Cruz contra los líderes del llamado Comité Interinstitucional.

“Son varias las denuncias que se han presentado tanto en la Fiscalía de La Paz, como en Santa Cruz y están siendo procesadas y pronto tendremos los requerimientos para las personas denunciadas (…)”, afirmó Lanchipa respecto al gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

Precisó en conferencia de prensa que tres ya fueron admitidas en las que se señalan varios delitos.

Comentó que esas querellas están en fase de procesamiento por los fiscales y anticipó que en los próximos días se emitirán los requerimientos para que los denunciados se presenten ante las representaciones del Ministerio Público para declarar.

Camacho, Calvo y Cuéllar encabezaron durante 36 días un paro que trascendió los límites de la protesta pacífica porque se caracterizó por los bloqueos con el uso de la violencia, los ataques racistas contra comunidades indígenas y barrios populares, la ocupación, el saqueo y los incendios de las sedes de organizaciones obreras y campesinas.

La paramilitar Unión Juvenil Cruceñista subordinada a Camacho y Calvo empleó de manera indiscriminada en esas agresiones petardos y medios pirotécnicos de alta potencia, garrotes y objetos punzantes y cortantes.

Como saldo, se produjeron cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una menor de edad y diversas expresiones de vulneración de los derechos humanos.

Los puntos de bloqueo se convirtieron en escenarios donde predominó el consumo de bebidas alcohólicas, otras sustancias prohibidas y en ellos se hizo consuetudinaria la extorsión contra choferes y mototaxistas.

Estos movilizados cerraron el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, de bomberos, personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocaron su fuga.

Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.

Entre las denuncias aceptadas está el proceso activado por el Comité Impulsor de Justicia que inició la querella con la acusación de al menos cinco delitos.

Según el abogado de este comité, Aldo Michel, se exigió que la Fiscalía investigue y procese a los autores intelectuales y materiales de todas estas ilícitas.