Fiscalía pide cárcel para alcalde de Oruro por compra de mochilas

El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, señalo que se pidió la “detención preventiva” del alcalde de la ciudad, Édgar Bazán, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Bazán fue denunciado en 2017 por supuestas irregularidades en la adquisición de mochilas escolares.

 

Rocha explicó que “no se han dado cumplimiento a las normas básicas” para la compra de 41 mil mochilas, que se debían adquirir de proveedores nacionales y no mediante un proceso de importación.

La Fiscalía estableció que el costo de la dotación del material debió ser por 42 mil dólares (292 mil bolivianos), pero, se desembolsó más, con un daño económico alrededor de los 300 mil dólares (más de 2 millones de bolivianos).

La Fiscalía acelera los pasos en dos casos diferentes de presunta corrupción y que ponen en la mira a los alcaldes de Cochabamba y de Oruro por la compra de mochilas chinas, presuntamente, con sobreprecio. Ayer imputó al alcalde orureño Edgar Bazán y pidió su detención preventiva.

Rocha explicó que “no se han dado cumplimiento a las normas básicas” para la compra de 41.000 mochilas, que se debían adquirir de proveedores nacionales y no mediante un proceso de importación.  La Fiscalía estableció que el costo de la dotación del material debió ser por $us 42.000, pero en realidad se desembolsó más de lo previsto con un daño económico casi $us 300.000.

“(Bazán) como máxima autoridad, en primera instancia, ha suscrito el contrato y se elaboran los pagos”, agregó Rocha.

El alcalde Bazán declaró poco después que no conocía de la imputación en su contra. “Quiero decirles que ese tema no es nuevo, es de hace seis meses. Lo que hay que hacer es dejar trabajar a la Fiscalía como directora funcional de la investigación”.

Expresó que él es el “primer interesado en que este caso se investigue. Vamos a demostrar que, al menos Edgar Bazán, como alcalde, no tiene absolutamente nada que ver”, complementó.

La autoridad edil manifestó que hace algún tiempo solicitó a la Contraloría General del Estado, como órgano rector del control estatal, que realice una auditoría especial sobre todo ese proceso de contratación.

“Ese trabajo está en curso, estoy convencido de que será ese documento que determinará qué es lo que realmente ocurrió. Yo, como alcalde municipal, quiero hacerles recuerdo de que no intervengo en los procesos, son funcionarios municipales los que sí intervinieron”, acotó.

El caso, de hecho, no había avanzado y estaba estancado en la Fiscalía hasta que se conoció la denuncia en Cochabamba.

El fiscal Rocha admitió que pese a las conminatorias que él generó, las investigaciones del caso realizadas por personal policial avanzaron muy lentamente.

“No se dio la celeridad necesaria. Ese aspecto vamos a considerar, solicitaremos la separación de los investigadores que trabajaron este tema al comando de la policía y que se los pueda someter al régimen disciplinario por la actitud negligente que mostraron en este proceso, que daña la imagen de la Fiscalía”,dijo.

Un hecho que llamó la atención fue una reunión en la calle que fue fotografiada y difundida en redes sociales entre un concejal afín al alcalde, que es expolicía, un diputado oficialista y uno de los encargados de la indagación. Eso aumentó la susceptibilidad de que esa afinidad hubiera demorado la indagación.

 

El fiscal Rocha se refirió a este hecho: “No podemos establecer que aquello hubiera generado demoras en el caso. Si bien hubo una publicación en las redes sociales, en el transcurso del proceso ese aspecto será definitivamente investigado”, dijo.

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