El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho al silencio en su declaración ante el fiscal que investiga el caso “Golpe I”, pero denunció ante el representante del Ministerio Público que fue víctima de un “secuestro brutal”, según información que circula en redes sociales.

“Me voy a acoger al derecho a guardar silencio”, dijo Camacho al ser consultado si prestaría declaración en las primeras horas de este jueves, según señala el acta citada.

El fiscal le consultó si quería agregar algo más, y el gobernador respondió: “Quiero dejar en claro que soy orgulloso y llevo en alto de haber formado parte de la lucha más grande de la historia de Bolivia por la libertad y la democracia”, agregando que siempre mantuvo la posición de contar lo que sucedió cuando se lo cite, por lo que condenó la forma de actuar del Ministerio Público, de acuerdo a la información publicada por el citado medio.

La Fiscalía de Bolivia confirmó este miércoles que la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, se debe al caso “golpe de Estado I”, un proceso judicial por la crisis política de 2019 que resultó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país.

La Fiscalía explicó que la detención de Camacho “no se trata de un secuestro o una persecución política” sino que responde a una “orden de aprehensión” que se emitió en octubre de este año por parte de un juez en La Paz.

También mencionó que Camacho “tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio”, cuando la ex diputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó una denuncia por terrorismo en noviembre de 2020.

El caso “golpe de Estado I” consiste en la denuncia de terrorismo por la crisis de 2019 que se produjo después de las fallidas elecciones presidenciales señaladas de fraudulentas y que derivaron en la renuncia de Morales, quien denunció un “golpe de Estado” en su contra.

Pese a que Camacho fue el principal denunciado en ese caso que inició hace dos años, no fue hasta que en la jornada del miércoles que la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y Parlamento.

Por ese proceso, en marzo de 2021 se detuvo a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, aunque en el caso de la ex jefa de Estado de transición se le siguió otro caso, “golpe de Estado II”, por el que se la condenó a 10 años de prisión acusada por situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial.