Martes, 19 Marzo 2024
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BOLIVIA: Tensión en el oficialismo estanca aprobación del presupuesto 2023

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La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia está estancada en el Parlamento por las divisiones internas en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en vísperas de una sesión en la Cámara de Diputados en la que se debe retomar la discusión luego de varios días de pausa.

Las tensiones enfrentan a un grupo de legisladores oficialistas cercanos al presidente de Bolivia, Luis Arce, con la llamada "bancada radical", que son los parlamentarios afines al exmandatario y jefe nacional del MAS, Evo Morales, quien ha criticado la ausencia en el presupuesto de recursos para algunas obras que se consideran importantes.

La pasada semana el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó los alcances del PGE a los legisladores, sin embargo, la sesión legislativa en la que se debía aprobar esa asignación de recursos para la gestión 2023 tropezó con las discordancias, por lo que se postergó para este martes.

El PGE consolidado para el próximo año supera los 35.000 millones de dólares, un 3,8 % mayor al que se asignó en 2022, y de los que un 59,2 % están orientados al gasto corriente mientras que un 16,1 % va a gastos de capital, además de un 10,1 % y 10,8 % a las asignaciones de salud y educación, respectivamente, según como está detallado en el proyecto de ley del presupuesto.

La planificación presupuestaria proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86 % y una inflación de 3,57 % y está orientada a garantizar la "sostenibilidad de las finanzas públicas" y "profundizar el proceso de industrialización".

Por otro lado, el PGE 2023 establece una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares a sectores de hidrocarburos, electricidad, minería, infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, además, de la inyección de capital a las empresas públicas.

Asimismo, otorga alrededor de 1.671 millones de dólares para el sector productivo para la industrialización, exploración de hidrocarburos (369 millones), producción agropecuaria (350 millones), distribución de energía (307 millones), fortalecimiento de la minería (281 millones) y desarrollo industrial (362 millones).

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