Es monstruoso el grado de perversidad y el daño que causa el consorcio criminal conformado entre políticos oficialistas, fiscales sometidos al poder político, jueces prevaricadores al servicio del poderoso de turno, investigadores policiales corruptos y medios de comunicación del sector estatal y paraestatal.

En efecto, a raíz de la protesta protagonizada por los jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochabambina en la ciudad de Sucre y haber aparecido grafitis en la pared de la Fiscalía, estos jóvenes fueron acusados de los delitos de “organización criminal, vinculado a los delitos de destrucción o deterioro de bienes del estado y privación de libertad, además de fabricación ilícita, tenencia porte de explosivos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado”

¿Tantos delitos por los grafitis en la pared de la Fiscalía de los cuales ni siquiera está comprobado que hubieran sido pintados por los de la RJC? De ninguna manera, todos estos delitos fueron inventados por los investigadores y fiscales del consorcio criminal que, en otras circunstancias podrían pasar por una broma de inocentes, pero en este caso se ha convertido en una acusación formal habiendo decretado el consorcio la detención preventiva de los jóvenes de la RJC cuyo único delito (que no es delito) fue ejercer su derecho a la protesta contra la prostitución de la Fiscalía.

Como era de esperar, los jóvenes asumieron su defensa negando dichos delitos inventados y todos lo hicieron con el suficiente valor civil de ser inocentes y personas de bien. Sin embargo, el castigo de la detención preventiva fue mermando la resistencia de unos más que otros, llegando a quebrar la rectitud y honestidad de Yasir Molina, quién en un momento de debilidad sucumbió ante la presión y decidió asumir una culpabilidad inventada por sus captores para negociar su libertad en base a un procedimiento abreviado, perjudicando a sus compañeros contra quienes se utilizará dicho procedimiento abreviado como prueba de culpabilidad.

De esta manera Molina podría lograr su libertad a costa de perjudicar solamente a sus compañeros, pero he aquí que el consorcio político, judicial, mediático le puso otra condición para dicho procedimiento abreviado: que acuse en calidad de “financiadores” a una lista de personajes políticos que incomodan al masismo.

En consecuencia, haber aceptado declararse culpable siendo inocente es en verdad el primer delito, ya que con ello, perjudica penalmente a sus compañeros de la RJC. Acusar a otros inocentes en calidad de financiadores es el segundo delito, más grave aún, porque convierte a Molina en instrumento represor calumniador al servicio del consorcio criminal.

Es por todo ello que el sufrimiento de las familias víctimas del criminal consorcio político, judicial mediático debe tener un alto. Los bolivianos estamos aún a tiempo de desmontar ese monstruoso aparato delictivo que tanto daño hace a la seguridad jurídica y la paz social de los bolivianos.