Viernes, 29 Marzo 2024
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Gobierno de Bolivia ignora ultimátum de Santa Cruz y mantiene fecha de censo

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El Gobierno boliviano expuso este martes sus argumentos para la realización del censo en 2024 en un encuentro al que se convocó a los representantes cívicos de Santa Cruz, la mayor región del país, que no asistieron y que ya han advertido con una huelga si la consulta no se realiza en 2023.

"Lamentamos la ausencia de las autoridades del departamento de Santa Cruz" que "han desaprovechado la oportunidad de explicarnos" su posición, dijo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, en la conclusión de la reunión en Santa Cruz.

El Gobierno convocó para esta jornada a los líderes cruceños como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o al rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, para que expongan las razones técnicas por las que es viable la consulta nacional el próximo año.

Sin embargo, en la víspera el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz descartó su presencia si es que primero el Gobierno no anulaba el decreto que fija la encuesta para 2014 y ratificó la decisión de ir a una huelga indefinida este 22 de octubre.

Al respecto, el ministro Cusicanqui señaló que esas medidas de presión "van en contra" del pedido de adelantar la consulta porque "van a poner en riesgo" el avance del proceso censal.

En la reunión participaron representantes del Ejecutivo, de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Democrafía (Celade) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

En el encuentro la coordinadora general del Censo, Martha Oviedo, explicó las características de las fases precensal, censal y postcensal de la consulta nacional, cuyos datos completos se conocerán en 2026.

Oviedo indicó que la etapa precensal, compuesta por la actualización cartográfica y el diseño de la boleta censal, ha avanzado alrededor de un 32 % a nivel nacional.

La experta explicó que la etapa postcensal es un "periodo bastante largo" debido a que en ella se deben realizar tareas como la encuesta de calidad (7 meses), la captura de datos (6 meses) y tras esto el procesamiento de datos con los resultados totales (12 meses).

A esto último se suman "estudios especializados" que se calcula pueden demorar hasta 16 meses.

El representante del Unfpa, Daniel Allende, señaló que la recomendación de este organismo y de Celade fue "trasladar la fecha del censo a octubre de 2024", a pesar de que las autoridades bolivianas optaron por su realización en mayo o junio de ese año.

No obstante, Allende sostuvo que la fecha que planteó el Gobierno "tiene unos recortes de tiempo", mismos que se deben observar para "mantener la calidad" de los resultados y que se realice un "buen censo".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, no comparte la idea de que el censo se realice en 2023 y advirtió que es posible que se tengan "obstáculos" por lo que es necesario no tener un "cronograma cerrado".

En tanto que el director Ejecutivo de la FAM, Rodrigo Puerta, señaló que el pedido del censo en 2023 "no tiene ningún sustento técnico".

El censo de población y vivienda debía efectuarse en noviembre de este año, sin embargo, el Gobierno lo postergó para 2024 argumentando problemas técnicos y la necesidad de una "despolitización" de ese proceso.

El pasado 30 de septiembre las instituciones cívicas de Santa Cruz realizaron un cabildo que definió una huelga indefinida desde el 22 de este mes en caso de que el censo no se realice el próximo año.

Santa Cruz encabeza la exigencia para que el censo de población y vivienda se realice en 2023 y que sus datos se apliquen en 2025, año en que están previstos los comicios generales.

De esa encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos en base a la población y también una nueva distribución de representación política en el Parlamento.

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