Activistas de Bolivia, denuncian que Lanchipa monto delitos contra miembros de las plataformas

Uno de los abogados del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge Valda, advirtió este lunes que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, montó un caso para aprehender ha una treintena de miembros de las plataformas que piden su renuncia, por malos manejos de la justicia boliviana.

Valda explicó que se presentó una denuncia penal en contra de Lanchipa, como autor intelectual de montar un caso para intimidar a las plataformas, además contra el fiscal Henry Daher, como autor material, y otros dos fiscales y dos policías, presuntos cómplices.

"Lo que hemos denunciado ante distintos organismos internacionales es el acto de intimidación promovido por la Fiscalía General, para generar un mecanismo de temor entre quienes se atrevan a salir a las calles a reclamar sus derechos. Entendemos lo sucedido como un montaje que lleva un mensaje de parte de Juan Lanchipa a la ciudadanía", dijo Valda a los periodistas.

Informó que las entidades ante las que se denunciaron los supuestos hechos de intimidación, fueron la Comisión Contra la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes de las Naciones Unidas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Comando de la Policía Departamental.

La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, por los delitos de vejaciones y torturas, privación de libertad, asociación delictuosa y resoluciones contrarias a la Constitución.

Valda adelantó que presentarán más elementos de prueba incontrastables, entre videos, informes y testimonios del trato inhumano que habrían recibido los aprehendidos que llegaron a Sucre, para participar de la Cumbre Nacional de la Unidad de plataformas ciudadanas.

Entre algunos de los tratos crueles que recibieron los integrantes de las plataformas -precisó- fue retenerlos a la intemperie durante nueve horas con los brazos arriba, "como si se tratara de delincuentes".

También mencionó que se les hizo pruebas de laboratorio sin la presencia de sus abogados, se los hacinó en una celda pequeña entre varones y mujeres, así como entre supuestos positivos y negativos de COVID-19 y se los acusó de estar bebiendo y consumir drogas, sin tomarles siquiera la prueba de alcoholemia, mellando su dignidad.

Valda dijo que los hechos han superado los límites porque el Fiscal General estaría actuando de forma "despótica, nefasta y corrupta" y arrastrando en su accionar al Ministerio Público de todo un país (Bolivia).

"No vamos a dejar de denunciar los hechos en los cuales él se encuentra involucrado en forma flagrante", concluyó.

23 activistas de plataformas ciudadanas que exigen la renuncia del Fiscal General fueron arrestados y cuatro de ellos fueron imputados por delitos contra la salud pública, denunció este lunes el abogado de su defensa, Jorge Tamayo.

"La imputación contra los cuatro activistas fue forzada porque no encontraron pruebas de explosivos ni sustancias controladas que los incrimine y 19 de ellos fueron liberados incondicionalmente", precisó el jurista.

La audiencia de medias cautelares contra este grupo de activistas, realizada en Sucre, se produjo luego que el acta inicial que estableció "un arresto infundado" de los 23 activistas.

"El argumento para darles medidas sustitutivas es que los cuatro jóvenes fueron detectados como positivos de COVID-19 con una prueba rápida. Hecho inadmisible. Estaban hacinados una celda entre varones y mujeres" declaró Tamayo en una rueda de prensa.

Estos activistas pertenecientes a plataformas ciudadanas La Paz, Llallagua, Santa Cruz y Potosí, se trasladaron a Sucre para exigir la renuncia del Fiscal General del Estado (FGE), Juan Lanchipa Ponce.

Inicialmente, los jóvenes fueron arrestados tras una requisa al bus  en el que se movilizaron y a sus pertenecías, en circunstancias en las que se organizaban para realizar sus actividades, pero durante el procedimiento no hallaron pruebas que motiven su detención policial, apuntó el abogado.

"En la imputación formal realizada de manera ilegal no existe el elemento de prueba de una granada, tampoco los test de alcoholemia ni ofrecen como prueba haber encontrado sustancias controladas. Es una vendetta", declaró Tamayo.

Tras conocerse la determinación judicial, la defensa legal de los jóvenes anunció su apelación para lograr la liberación irrestricta de los activistas.

Tras denunciar el irregular arresto de los activistas la defensa de los movilizados anunció acciones legales contra el supervisor de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía (UTOP) de Sucre, Victor Hugo Alarcón, por actuar al margen de la Ley.

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