Solicitan desalojo y la demolición de las casas que siguen construyendo en Alba Rancho

Pascual Orellana Medranorepresentante del Sindicato agrario Alba Rancho, denuncio y solicito al INRA el desalojo y demolición de construcciones ilegales que se sigue realizando en los terrenos en complico, pese a existir medidas precautorias.

 

En el memorial enviado al INRA, los comunarios de Alba Rancho reiteran su solicitud de desalojo y demolición de las casas que siguen construyendo y piden cumplimiento a las disposiciones del Art. 448 y siguientes del reglamente de la ley 1715. Manifiestan que  las construcciones que se realizan están en total desobediencia de las medidas precautorias y son resguardados por gente delincuencial, armados con (Dinamitas, revólveres, escopetas, lanza granadas, morteros, etc), apostados en las colinas.

También expresan que una Resolución Determina que el área en conflicto está en  saneamiento e inicio de Procedimiento RDRASO-IP N" 001/2019 de 7 de mayo de 2019, y que en su parte dispositiva ratifica las medidas precautorias, por tanto, piden que en previsión del Título XIV, del reglamento de la ley 1715 modificada por la ley 3545 disponga el desalojo de grupos de asentamiento humanos, disponga la demolición de las construcciones clandestinas realizadas.

Denuncian que nuevos grupos humanos asentados en el predio Alba Rancho, son de La Paz, Potosi, Oruro gente del interior, que en su afán de tener un lote están siendo, vilmente estafados, por loteadores de pampa san Miguel, kara kara y Vinto.

Las medidas precautorias constituyen, garantías procesales pendientes a garantizar la seguridad jurídica, en estos trámites además de ser emitidas por autoridad competente, son de cumplimiento obligatorio a partir de la emisión de las medidas precautorias y/o Resolución de inicio efectivo y desarrollo continuo del proceso de saneamiento, hasta la Ejecutoria de la Resolución Final, medidas precautorias oportunas y proporcionales a la amenaza o riesgo del caso concreto, contemplando inclusive el apoyo de la fuerza pública para su ejecución, bajo responsabilidad de la autoridad que deba asumirlas, sostuvieron los denunciantes.

Piden que se verifique el incumplimiento de las medidas precautorias, demolición las construcciones ilegales, desalojo de los asentamientos humanos y que se remita obrados al ministerio público, para su procesamiento penal por el delito de avasallamiento e incumplimiento a resoluciones administrativas, y sea con las formalidades de ley contra toda persona que este asentada o se identifique como propietario o propietaria de las construcciones ilegales.

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