Concejales de Cochabamba, son cómplices de los actos de corrupción en la alcaldía

El ex presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Victor Calderon, afirmo que los actuales “concejales son cómplices de los actos de corrupción que cometio el alcalde suspendido Jose Maria Leyes.

 

En las investigaciones que realizan las autoridades gubernamentales, fiscales y del poder judicial, deberían ampliar sus investigaciones a los concejales de Cochabambam quienes se olvidaron la aplicación de las normas en actual vigencia”, asevero.

Los concejales del partido demócratas, son socapadores del robo de millones de bolivianos de las arcas de la alcaldía municipal.

Se robaron mas de 10 millones de bolivianos en la compra de mochilas, ahora se conoce que se llevaron mas de 29 millones en el programa de compra de equipos para seguridad ciudadana y los concejales no fiscalizaron los contratos y las formas de adquisición, algo raro pasa en este tema, afirmo.

Ante la aparición de más documentos sobre la adquisición de cámaras y otros equipos para el proyecto “Ciudad Segura, Ciudad Inteligente”, el proceso de revisión pasará de la Comisión Tercera de Desarrollo Humano a la Segunda de Economía y Finanzas del Concejo Municipal.

“Tengo entendido que en el transcurso de las siguientes horas se remitirán a la Comisión Segunda los informes. El martes se ha hecho una inspección al centro de monitoreo (C-4) con los técnicos del Concejo Municipal para tener un elemento de juicio antes de que nos llegue toda la documentación”, informó ayer el concejal Edwin Jiménez.

Añadió que en este primer recorrido se percataron que no existe el personal necesario que se requiere, hay monitores apagados por esta falencia. Aunque de manera formal hay cinco funcionarios, cuatro consultores, en el momento de la revisión sólo estaba uno.

Jiménez explicó que el proceso se derivó a otra comisión para analizar sus aspectos legales y jurídicos. Una vez que se termine se dará a conocer a la ciudadanía los resultados sobre la realidad de esta adquisición.

El proyecto demandó una inversión de 112 millones de bolivianos, 69 en equipos para Huawei y alrededor de 38 por otro proveedor.

El proyecto fue cuestionado la pasada semana por el Viceministerio de Transparencia por un presunto sobreprecio de 29 millones de bolivianos, alrededor de 8 sólo en la adquisición de las cámaras.

Ante esta situación, la Fiscalía abrió una investigación y se espera que en los siguientes 20 días se den a conocer los primeros resultados de la indagación.  

 

Por otro lado, el alcalde suspendido José María Leyes rechazó la denuncia y pidió una auditoría que demuestre el presunto sobreprecio de los equipos para el sistema de vigilancia.

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