En Bolivia protestan y denuncian espionaje del gobierno

Exautoridades de Gobierno y periodistas denunciaron seguimiento por parte de grupos de seguridad del Estado, tras las declaraciones del presidente Evo Morales sobre las reuniones del expresidente Carlos D. Mesa con el encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan; lo cual activó de nuevo la percepción de que el Gobierno vigila a líderes políticos de oposición.

 

 

Uno de ellos es el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, quien aseguró que había percibido a personas extrañas cuando participaba en algunos encuentros con otros líderes de oposición o en conferencias a los que era invitado.

“Personalmente, puedo decir que hubo grupos de Gobierno que en algún encuentro o conferencias en los que participamos nos hostigaban, nos provocaban y nos insultaban, eso no es novedoso es una estrategia del Gobierno para amedrentar a sus adversarios”, explicó la exautoridad.

Aseguró también que ni político alguno de la oposición “se salva” de ser hostigado y perseguido por el actual gobierno. “Por lo menos cada uno tiene dos juicios en su contra”, afirmó y recordó que, en su caso, sufrió espionaje, persecución y hostigamiento, no solamente su persona, sino también su familia, cuando campesinos afines al MAS quemaron su casa en Huarina.

Por su parte, el líder político de oposición Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), aseguró a EL DIARIO que en ciertas ocasiones era seguido por agentes de inteligencia, quienes le tomaban fotografías de las actividades que realizaba.

“No le he dado mucha importancia al tema, varias veces nos han fotografiado cuando me seguían, pero todo lo que hago es claro y transparente. Estas acciones son típicos de gobiernos autoritarios”, expresó.

No solamente los líderes opositores y exautoridades son perseguidos, los legisladores de la bancada de Unidad Demócrata (UD) afirmaron que también son objetos de persecución por parte de agentes de inteligencia de Gobierno.

El diputado de esa tienda opositora Amílcar Barral manifestó que en la quema de la Alcaldía de El Alto, el 17 de febrero de 2016, observó que se presentaron varias personas extrañas a la movilización de los vecinos de esa urbe.

GRUPO DE VIGILANCIA

Según datos extraoficiales, el grupo conocido como G-2 está a cargo del seguimiento a políticos de oposición y otras personalidades, este grupo está bajo dependencia directa del Ministerio de Gobierno.

El pasado 11 de octubre, el titular de esa cartera de Estado, Carlos Romero, admitió que Inteligencia de la Policía realizó labores de vigilancia las movilizaciones de los colectivos ciudadanos y de oposición, quienes rechazaron la pretensión de reelección consecutiva del presidente Evo Morales.

Romero, en esa oportunidad, presentó también una información detallada de las personalidades que estaban presentes y de las organizaciones sociales que se movilizaron.

PERIODISTAS

Por otra parte, algunos periodistas independientes fueron también víctimas de acoso y perseguidos. EL DIARIO consultó a dos colegas, quienes indicaron que eran seguidos por el Gobierno. La identidad de los periodistas se guardará en reserva.

Personas allegadas a uno de los periodistas dijo que esa persona era vigilada constantemente y las autoridades de gobierno conocían de todas sus actividades, incluso fue víctima de acoso laboral, porque no le permitieron ejercer su oficio en varios medios de comunicación.

Otro de los colegas consultados indicó que conocidos en inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía le alertaron y que le había puesto un “gancho”, para conocer las actividades que realizaba.

En términos policiales, un “gancho” es un policía del servicio de inteligencia encubierto que tiene la misión de seguir a una determinada persona y reportar todas sus actividades, reuniones y las personas a las que frecuenta.

ANTERIOR ORDEN

En 2008, políticos de oposición y oficialismo denunciaron al Gobierno por labores de espionaje y se conformó una comisión de investigación en el Senado Nacional, donde la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral inició una investigación sobre estas denuncias.

En su informe establece la existencia de al menos 24 hechos de seguimiento y vigilancia realizados a ciudadanos bolivianos y cuyas conductas claramente no se adecuaban a hechos de espionaje, organización criminal, narcotráfico o terrorismo; por lo que fueron violatorios a sus Derechos Humanos.

En ese marco, la Comisión claramente ha observado que los 24 casos de seguimiento y vigilancia no se relacionan o vinculan a personas que hayan realizado u obtenido “documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar, relativos a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje a favor de otros países”, conforme describe el Artículo 111 del Código Penal.

 

 

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