En Bolivia, según abogados y políticos, el Gobierno de Evo Morales, vulnero los derechos establecidos en la Convención Americana: libertad personal, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, salud, vida, honra y dignidad, circulación y residencia, igualdad ante la ley y propiedad privada, entre otros de varios ciudadanos. En el caso terrorismo; Bolivia debe responder a la CIDH por violar derechos de los acusados injustamente.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió 31 casos de violaciones a derechos humanos del Estado boliviano contra sus ciudadanos, por demandas recibidas desde 2007. La admisibilidad implica que una petición cumple con los requisitos para convertirse en un caso y está lista para ingresar a la etapa de fondo del asunto.
Bolivia tiene menos casos contra el Estado comparado con los países vecinos. En 2021 se reportó un arribo inusitado de casos con informes de admisibilidad: 10 de los 31. Muchos corresponden a los conflictos políticos suscitados en los últimos años, lo que en 2019 derivó en 139 peticiones que aún no fueron aceptadas ni rechazadas.
Al margen de los casos que se originan en el proceso por terrorismo, abierto con base en los hechos de 2009, están admitidos otros también vinculados a pugnas políticas, entre ellos los de Mario Cossío, exgobernador de Tarija, y Manfred Reyes Villa, exgobernador y actual alcalde de Cochabamba, ambos en su momento opositores al gobierno de Evo Morales.
El primero fue destituido de sus funciones en el mismo año que asumió por indicios en una acusación de corrupción y el segundo fue expulsado del cargo en 2005 a raíz de una convulsión social que derivó en la quema de instalaciones de la exprefectura.
Al presente Manfred Reyes Villa, es víctima de persecución política, digitada desde el Chapare por Evo Morales violando todos los derechos constitucionales de una autoridad electa. “Pese a no ser Gobierno, Evo Morales sigue digitando a los jueces y fiscales para encarcelar a los opositores”, afirma el politólogo, Juan José Ayaviri.
Ambos invocan similares derechos humanos vulnerados, entre ellos nacionalidad, derechos políticos, obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
También en 2021 fue admitido el caso del fallecido Gonzalo Durán, por los actos de violencia ocurridos en Sucre en el marco de la Asamblea Constituyente. La petición fue interpuesta por Erick Fajardo y Horacio Poppe, quienes invocaron la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, protección judicial y otros. Otros casos son los de Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz, ambos víctimas de las dictaduras.
Los casos que se encuentran en la CIDH contra Bolivia son el de Mario Francisco Tadic Astorga, ElödTóásó, Michael Martin Dwyer, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos Guedes Bruno, admitido en febrero de 2018; el de Ronald Enrique Castedo Allerding, de junio de 2021; el de Alejandro Gelafio Santiesteban Stroebel, que data de junio de 2021; el de Juan Carlos Santistevan López y familiares, de septiembre de 2021 y el caso de Zvonko Matkovic Ribera, admitido en junio de 2022.
La persecución penal contra los mencionados ciudadanos fue activada por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, pues desde el gobierno del entonces presidente Evo Morales fueron señalados por “promover la ruptura de la unidad territorial boliviana” desde el departamento de Santa Cruz.
