Después de que algunos panificadores de Santa Cruz elevaron el precio pan de batalla a 65 centavos y disminuyó la cantidad de su elaboración, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió ayer que se iniciarán procesos penales por el delito de “agio” contra los productores que incrementen el precio de este alimento.

A esto se suma que ayer por la tarde pequeños y medianos panificadores de Santa Cruz protestaron porque fueron excluidos de una reunión que el Gobierno tuvo con otro grupo de productores en el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro). La Policía gasificó y arrestó a la representante del sector, Abigail Escobar, en medio de gritos y forcejeos.

El viceministro de Comercio, Grover Lacoa, anunció procesos penales en contra de los tres dirigentes detenidos en Santa Cruz.

Los acusó de extorsionar a los comerciantes de pan al detalle para elevar el precio.

El representante de los Panificadores de La Paz, Dandy Mallea, indicó que él también fue notificado y llamado a declarar por un proceso penal por el delito de agio, lo cual calificó como una persecución política. Solicitó al Gobierno dedicarse a controlar el precio de la harina que —según él— se elevó de 140 hasta 280 bolivianos, en algunos casos.

“Los dirigentes estamos siendo perseguidos. El viernes me han notificado acusándome de agio; en ningún momento hemos hecho agio, no hemos recibido ni un gramo de harina de Emapa, tampoco hemos comprado harina para ocultar o revender; se compra harina para la elaboración del día”, dijo.

Ante la subida de todos los insumos, el sector panificador realiza un análisis de costos, por lo que no se descarta que el pan de batalla se eleve también en La Paz y Cochabamba. “Son más de 200 ítems que intervienen en la elaboración del pan, no sólo harina, manteca y azúcar; también la electricidad, gas, agua y otros. Además, la tendencia es que el quintal de harina continúe subiendo y supere los 300 bolivianos”, dijo.