Cochabamba, Bolivia. — La organización de policías jubilados y pasivos de Cochabamba quedó en el centro de la controversia este miércoles, luego de que sus representantes adoptaran una posición que fue interpretada como una defensa indirecta de la agresividad con la que actuaron presuntos grupos de choque durante los recientes actos de violencia registrados en Colcapirhua.

En una conferencia improvisada, el representante de la asociación señaló que en los disturbios “no solo hubo autores materiales”, sino también “autores intelectuales”, acusando directamente a los alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua de “no saber manejar el conflicto y permitir que la situación se desbordara”.

Declaraciones que reavivan el debate sobre la violencia en Cotapachi: Los policías pasivos afirmaron que la crisis en Cotapachi, que dejó dos fallecidos, heridos y cuantiosos daños materiales, fue consecuencia de una “falta de autoridad y coordinación municipal”.

El portavoz del grupo incluso sugirió que parte de la responsabilidad política recaería en las alcaldías, al no prevenir la presencia de grupos irregulares que, según vecinos y testigos, habrían participado en las agresiones, incendios y destrucción durante la jornada.

Sin embargo, la posición de la organización llamó la atención debido a que, en su pronunciamiento, los policías pasivos evitaron criticar directamente la violencia ejercida por los grupos de choque, enfocando su discurso principalmente en las autoridades municipales.

Anuncian querella contra autoridades locales: El dirigente de la asociación de policías pasivos aseguró que su sector iniciará una querella formal contra los alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua, señalando que ambos “tienen responsabilidad política e institucional” en los hechos que conmocionaron a la región metropolitana de Cochabamba.

“Vamos a iniciar una querella. Las autoridades municipales tienen que responder por su negligencia. Aquí hubo autores intelectuales”, afirmó uno de los portavoces.

La postura del grupo fue criticada por analistas y ciudadanos, que consideran que este pronunciamiento blinda implícitamente a los grupos violentos y desvía la atención de quienes ejecutaron los ataques durante el conflicto.

Sectores vecinales y plataformas de derechos humanos recordaron que las imágenes y testimonios de los disturbios apuntan a la existencia de personas armadas con palos, piedras e incluso explosivos artesanales, cuya participación aún no ha sido esclarecida por las investigaciones oficiales.

La violencia en Colcapirhua continúa generando repercusiones políticas, sociales y judiciales. Con el nuevo pronunciamiento de los policías pasivos, el escenario se vuelve aún más complejo, abriendo un frente adicional de disputa sobre quiénes son los verdaderos responsables de los hechos y cómo debe avanzarse en la investigación.

Mientras tanto, las familias afectadas exigen justicia y reclaman que ninguna institución, activa o pasiva, justifique la agresión que costó vidas y sembró miedo en Cotapachi.