A menos de dos meses de la inédita segunda vuelta electoral del 19 de octubre en Bolivia, los candidatos presidenciales Rodrigo Paz  Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Quiroga Ramírez, de la  Alianza Libre, apuestan por propuestas ambiciosas para conquistar a un electorado que les de la victoria, principalmente aquellas destinadas a mejorar la economía de las familias y del país; sin embargo,  los  expertos y analistas económicos cuestionan cómo conseguirán recursos sin agravar la coyuntura actual.

La principal bandera de Paz Pereira es el “capitalismo popular”, un modelo basado en créditos estatales baratos, una drástica reducción de impuestos y una redistribución fiscal del 50/50 que destinaría Bs 70.000 millones directamente a emprendedores, comerciantes y transportistas, sin pasar por los gobiernos subnacionales.

La propuesta es calificada de “populista” por diversos analistas. Jorge Komadina advirtió que la iniciativa carece de una fuente clara de financiamiento: “Son promesas que interpelan a sectores populares, pero que no explican de dónde saldrán los recursos”, dijo.

Añadió  que el pacto fiscal no sólo es técnicamente inviable sin una reforma constitucional, sino que ignora la precaria situación de las finanzas públicas: “No tienen respaldo real y no hay explicación de dónde saldrá ese dinero”.

Otra oferta ratificada después de su victoria con el 32,06  por ciento en la primera vuelta es la de nacionalizar los autos ilegales conocido como “chutos”.

Otra promesa que ha generado polémica es el aumento de la Renta Dignidad a Bs 2.000 mensuales.

Según cálculos del economista Fernando Romero, esa medida implicaría un gasto anual de Bs 30.171 millones, lo que equivaldría a casi el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) o el doble de lo destinado a la subvención de hidrocarburos. “Es simplemente inviable en la actual coyuntura fiscal”, sostuvo.

A ello se suma el paquete de promesas lanzadas por su compañero de fórmula, Edman Lara, a través de TikTok: subsidios de lactancia de Bs 2.400 mensuales, laptops para estudiantes, pase directo a universidades y Fuerzas Armadas para quienes cumplan el servicio militar, además de aumentos salariales para policías y maestros.

Las redes sociales convirtieron sus videos en virales, pero también en blanco de críticas.

El financista  y político Jaime Dunn fue contundente: “Si tú me dices que vas a implementar bonos, muéstrame qué vas a recortar. Si no lo haces, me estás diciendo que vas a imprimir billetes. Y si vas a imprimir más, vas a generar inflación. Retráctate si has hablado una estupidez”.

En la vereda opuesta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga propone un enfoque más tradicional, centrado en un “shock de confianza”.

Su plan estrella es la obtención de hasta $us 12.000 millones de financiamiento externo de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y CAF, con el fin de estabilizar la economía, garantizar dólares al sector importador y devolver divisas a los ahorristas.

También plantea una reducción del aparato estatal: cierre o privatización de empresas públicas, disminución de 17 a 12 ministerios y levantamiento progresivo de la subvención a los combustibles, comenzando por el diésel.

Sin embargo, sus propuestas tampoco escapan al escepticismo. “El FMI no entrega 12.000 millones por la linda cara. Bolivia podría aspirar a 3.000 millones, y con condiciones duras”, advirtió  Komadina.

Añadió que si bien el ajuste es necesario, su aplicación inmediata podría generar conflictividad social.

Quiroga también propone un pacto agropecuario basado en seguridad jurídica, acceso a biotecnología y tierra, como forma de reactivar exportaciones y generar divisas. Aunque el sector agroexportador ha recibido bien la iniciativa, analistas señalan que los beneficios no serían inmediatos.

Finalmente, su idea de suprimir el Estado Plurinacional y retornar a la República ha sido tachada de “políticamente inviable” por Komadina, quien advierte que abriría un proceso constituyente largo y desgastante, justo en un momento donde se necesita estabilidad institucional.

La segunda vuelta enfrenta a dos visiones radicalmente distintas: Paz, con un enfoque distributivo y de expansión estatal disfrazado de “popular”; Quiroga, con una propuesta de ajuste y liberalización de corte clásico. Sin embargo, comparten una misma debilidad: muchas de sus promesas carecen de sustento técnico y responden más a la lógica electoral que a un diagnóstico realista de la economía nacional.

Como resume el analista Komadina “En un país que no quiere escuchar sobre sacrificios, la demagogia electoral se impone sobre la sinceridad económica”.

Ambas organizaciones políticas, además deben sumar alianzas para lograr la gobernabilidad  a partir del 8 noviembre. Hasta el momento, los representantes de la Alianza Unidad ratificaron su apoyo al PDC, en tanto asuman medidas que  favorezcan a estabilizar la situación; en tanto que el líder  de Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate, Manfred Reyes Villa, señaló que no respaldará a ninguno.