La crisis por el cierre de Kara Kara toma un giro político. Acusan al evismo y al Gobierno de promover un sabotaje a la gestión municipal con fines desestabilizadores. El ingreso de basura a otros municipios también es bloqueado.
Cochabamba enfrenta una nueva crisis de la basura, pero esta vez el conflicto ha dejado de ser meramente ambiental. Autoridades locales y sectores cívicos advierten que existe una estrategia política detrás del cierre definitivo del botadero de Kara Kara, orquestada por sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) y digitada desde el Gobierno central.
El juez ambiental rechazó este lunes el pedido de ampliación del plazo para seguir depositando residuos sólidos en Kara Kara, lo que ha generado preocupación por la acumulación de basura en toda la ciudad.
Sin embargo, más allá del problema sanitario, llama la atención la presencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien se desplazó hasta la zona con un fuerte contingente policial y militar, lo que fue interpretado como una intervención política más que técnica.
“Estamos viendo un plan subversivo, impulsado por el evismo, que busca generar caos para responsabilizar a la Alcaldía y así desgastar al alcalde Manfred Reyes Villa”, denunció un concejal oficialista que prefirió mantener su nombre en reserva. Según esta versión, hay un pacto entre sectores radicales del MAS y funcionarios del Gobierno nacional para boicotear la gestión edil.
La situación se complica aún más con las denuncias de sabotaje en municipios como Anzaldo, donde vecinos impiden el ingreso de basura cochabambina. “No solo nos cierran Kara Kara, ahora tampoco nos dejan buscar soluciones alternativas. Esto ya no es un reclamo ambiental, es una acción política calculada”, declaró un funcionario municipal.
Mientras tanto, la basura comienza a acumularse en varios puntos de la ciudad, generando preocupación por posibles focos de infección. La ciudadanía exige soluciones urgentes, pero la crisis parece estar atrapada en una disputa de poder que ensucia tanto las calles como el panorama político local.
PALAABRA DE UN JURISTA
EEl doctor Óscar Freire Arze, ex presidente de la corte superior de justicia de cochabamba . “ningún juez puede ordenar la paralización de un servicio público”. Nadie — menos un juez— puede ordenar que la basura no ingrese al único botadero que todos usamos.
Las resoluciones judiciales siempre deben ser prudentes y previsoras, orientadas a proteger el interés colectivo y no a ponerlo en riesgo.
Disponer la interrupción del ingreso de basura al único botadero de la ciudad no afecta a la Alcaldía, sino que perjudica directamente a toda la población cochabambina, porque implica paralizar un servicio público esencial, cuya continuidad está expresamente protegida por la Constitución y no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia.
La crisis por el cierre de Kara Kara toma un giro político. Acusan al evismo y al Gobierno de promover un sabotaje a la gestión municipal con fines desestabilizadores. El ingreso de basura a otros municipios también es bloqueado.
Cochabamba enfrenta una nueva crisis de la basura, pero esta vez el conflicto ha dejado de ser meramente ambiental. Autoridades locales y sectores cívicos advierten que existe una estrategia política detrás del cierre definitivo del botadero de Kara Kara, orquestada por sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS) y digitada desde el Gobierno central.
El juez ambiental rechazó este lunes el pedido de ampliación del plazo para seguir depositando residuos sólidos en Kara Kara, lo que ha generado preocupación por la acumulación de basura en toda la ciudad.
Sin embargo, más allá del problema sanitario, llama la atención la presencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien se desplazó hasta la zona con un fuerte contingente policial y militar, lo que fue interpretado como una intervención política más que técnica.
“Estamos viendo un plan subversivo, impulsado por el evismo, que busca generar caos para responsabilizar a la Alcaldía y así desgastar al alcalde Manfred Reyes Villa”, denunció un concejal oficialista que prefirió mantener su nombre en reserva. Según esta versión, hay un pacto entre sectores radicales del MAS y funcionarios del Gobierno nacional para boicotear la gestión edil.
La situación se complica aún más con las denuncias de sabotaje en municipios como Anzaldo, donde vecinos impiden el ingreso de basura cochabambina. “No solo nos cierran Kara Kara, ahora tampoco nos dejan buscar soluciones alternativas. Esto ya no es un reclamo ambiental, es una acción política calculada”, declaró un funcionario municipal.
Mientras tanto, la basura comienza a acumularse en varios puntos de la ciudad, generando preocupación por posibles focos de infección. La ciudadanía exige soluciones urgentes, pero la crisis parece estar atrapada en una disputa de poder que ensucia tanto las calles como el panorama político local.
PALAABRA DE UN JURISTA
EEl doctor Óscar Freire Arze, ex presidente de la corte superior de justicia de cochabamba . “ningún juez puede ordenar la paralización de un servicio público”. Nadie — menos un juez— puede ordenar que la basura no ingrese al único botadero que todos usamos.
Las resoluciones judiciales siempre deben ser prudentes y previsoras, orientadas a proteger el interés colectivo y no a ponerlo en riesgo.
Disponer la interrupción del ingreso de basura al único botadero de la ciudad no afecta a la Alcaldía, sino que perjudica directamente a toda la población cochabambina, porque implica paralizar un servicio público esencial, cuya continuidad está expresamente protegida por la Constitución y no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia.
