Una pericia de la Fiscalía de Bolivia concluyó este martes que no hubo "manipulación" en las elecciones de 2019, cuando surgió violencia social que dejó 35 muertos y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El Fiscal General, Juan Lanchipa, leyó ante la prensa el informe final de una comisión de fiscales que contó con el apoyo del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Señaló que en la investigación "se ha demostrado la inexistencia de manipulación de los datos que prueben la actuación dolosa, que hubieran incurrido en los resultados del proceso electoral de octubre de 2019".

Concluyó que se pidió el "sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito," de las autoridades electorales que habían sido detenidas y acusadas por los delitos de "conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática y alteración de datos".

En aquel momento, la oposición denunció que Morales, en el poder desde 2006 y con la aspiración de un cuarto mandato hasta 2025, incurrió en un fraude electoral e involucró en estos afanes a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Además, los opositores empujaron una serie de protestas ciudadanas en todo el país, como huelgas y bloqueos de caminos, y la destrucción y quema de varios tribunales departamentales electorales.

Ante la presión callejera, el izquierdista mandatario convocó a nuevas elecciones, con un órgano electoral remozado, pero nada detuvo la violencia social, por lo que Morales renunció y salió hacia México en condición de asilado. Fue sustituido por la senadora derechista Jeanine Áñez (2019-2020), que tras varias renuncias, seguía en la sucesión.

Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo de este año, en un caso que el gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, considera un "golpe de estado" contra el exmandatario.

También la acusa de violaciones a los derechos humanos, principalmente por los enfrentamientos entre militares y civiles en las zonas de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019, a poco de asumir el gobierno.

Un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), de diciembre de 2019, dijo que "detectó una manipulación dolosa de los comicios" bolivianos.

El informe pericial de la Fiscalía de Bolivia acotó que se determinó "que se produjeron negligencias [técnicas] por parte de la empresa [privada] Neotec, encargada del sistema [rápido de conteo de votos] TREP", pero sin incidencia en el recuento oficial de votos.

Ese sistema TREP fue paralizado por el TSE unos días, sin explicaciones claras, lo que aumentó las sospechas opositoras de un fraude.