La Fiscalía de Argentina imputó este 16 de julio al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad por el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, en el contexto de las protestas contra el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
De acuerdo con la agencia estatal de noticias Télam, el fiscal penal económico Claudio Navas Rial imputó al expresidente y sus exministros el delito de “contrabando agravado”. El funcionario judicial dictaminó la apertura de esta investigación con base en la denuncia presentada por el Gobierno nacional.
La Fiscalía también imputó al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y tres exautoridades de la Gendarmería Nacional.
Este 12 de julio, el Gobierno de Argentina denunció a Macri por el presunto envío de material bélico para reprimir las protestas en Bolivia, en medio de la crisis social y política que produjo la dimisión del entonces presidente Evo Morales en 2019.
El jueves de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que en noviembre de 2019 “el Gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el Gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”.
La Cancillería boliviana presentó un informe en el que sostiene que la administración del exjefe de Estado argentino envío 40.000 cartuchos y gases lacrimógenos que fueron utilizados en la represión de las protestas contra el Gobierno de Jeanine Áñez.
En 2019, se desató una crisis social y política tras las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país. Tras estos hechos, se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
Morales lo hizo y el 11 de noviembre la senadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia, lo que generaría otra oleada de manifestaciones sociales contra el nuevo Gobierno.
El 15 de noviembre, en el desarrollo de intervenciones militares destinadas a controlar las protestas, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba (Cochabamba). El 19 de noviembre, en Senkata (El Alto), hubo otros 11 civiles muertos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos acontecimientos como masacres.
