La llamada Misión Presidencial Latinoamericana advirtió sobre la existencia de "hostigamiento y persecución" jurídica contra el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) de Bolivia, Carlos Mesa, y pidió el cese a la presión judicial contra el exjefe de Estado y referentes de la oposición.
"Pedimos al gobierno de Bolivia que modifique el camino que está tomando, que respete los derechos del expresidente Carlos Mesa y otros destacados miembros de la oposición boliviana, y cese la presión judicial que está ejerciendo contra el principal líder de la oposición", indicaron en un comunicado una decena de exmandatarios de la región.
El texto lleva las rúbricas del uruguayo Luis Alberto Lacalle; los paraguayos Juan Carlos Wasmosy, Horacio Cartes, Raúl Cubas, Luis González Macchi y Federico Franco; los panameños Nicolás Barletta y Ernesto Pérez; el mexicano Rafael Calderón; el ecuatoriano Jamil Mahuad; el costarricense Miguel Ángel Rodríguez y el boliviano Jorge "Tuto" Quiroga.
La Misión reclama al presidente Luis Arce "fortalecer los cimientos políticos y jurídicos", y frenar cualquier "aventura autoritaria".
"El presidente Luis Arce tiene la enorme responsabilidad de fortalecer en su país los cimientos políticos y jurídicos de una democracia republicana, dejando de lado cualquier aventura autoritaria que solo hará daño a su patria", finaliza la carta.
En respuesta, el líder de CC agradeció el respaldo de los exmandatarios ante la "persecución" que, dijo, promueve el Ejecutivo.
"Agradezco el apoyo de expresidentes, ante la persecución política y el hostigamiento del gobierno contra la oposición democrática. Necesitamos todo el apoyo internacional ante el objetivo del MAS de llevar a Bolivia al destino de Nicaragua o Venezuela", escribió Mesa en su cuenta de la red Twitter.
Mesa fue citado semanas atrás para declarar como testigo en la causa en la que se investigan responsabilidades en el golpe de Estado contra Evo Morales, en diciembre de 2019.
El exmandatario eligió guardar silencio ante el juez, al considerar que el proceso penal "no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas aparentes".
La Fiscalía General de Bolivia informó el mes pasado que citará a declarar a todos los que participaron en las deliberaciones que condujeron a la autoproclamación de Jeanine Áñez.
